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14jun.

LA SEDE ELECTRÓNICA DE UNA SOCIEDAD SERÁ EQUIVALENTE A UNA SUCURSAL FÍSICA

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado por unanimidad el proyecto de Ley de Sociedades de Capital, incluyendo una enmienda pactada entre PSOE y CiU que plantea hacer equivalente la sede electrónica a una sucursal física, que deberá ser creada por acuerdo de la junta general de accionistas, aunque sus «avatares y modificaciones» dependerán del consejo de administración.

El ponente socialista, Oscar Seco, ha explicado que este cambio se debe a que la anterior reforma de diciembre de 2010 en materia de convocatoria de juntas en la web corporativa plantea «graves problemas prácticos de interpretación», por lo que es «imprescindible» dotarla de un respaldo normativo suficiente. Para ello, se asimila el régimen sustantivo simplificado, aplicado a la creación de domicilio dentro de la misma localidad a la sede registral en Internet.

La norma, que ahora pasa a tramitarse en el Senado, incluye también un bloque de enmiendas del PSOE que revisan el texto original para que no sea considerada como infracción grave -sancionable con multas de al menos 300.000 euros- el hecho de que el reglamento de la junta general de accionistas no regule el ejercicio a distancia del derecho de asistencia y voto.

El texto de las enmiendas mantiene, sin embargo, el régimen disciplinario introducido para los incumplimientos en los nuevos requisitos de publicidad de las convocatorias de juntas generales de accionistas y de los resultados de las votaciones, incluidos en la nueva norma. No obstante, excluye de este «mínimo régimen disciplinario» que los reglamentos de las juntas generales de accionistas no reflejen aspectos como la transmisión en tiempo real de la junta general, la comunicación bidireccional con los accionistas o la introducción de un mecanismo para ejercer el voto sin necesidad de nombrar a un representante que esté físicamente presente en la reunión.

Según la Ley del Mercado de Valores, las infracciones de carácter grave conllevan una multa cuyo importe sería de al menos 300.000 euros, aunque podría ser mayor si esta cantidad es superada por la correspondiente al doble del beneficio bruto obtenido como consecuencia de la acción sancionada, o el 2% de los recursos propios de la entidad infractora. Además, la entidad puede sufrir la suspensión o limitación del tipo o volumen de las operaciones o actividades en los mercados de valores durante un plazo no superior a un año, así como de la condición de miembro del mercado secundario oficial o del sistema multilateral de negociación durante un periodo similar.

Asimismo, si se encuentra responsable a uno de los administradores o directivos de la entidad, sufriría la suspensión por plazo no superior a un año del ejercicio de su cargo.

De esta forma, el Ejecutivo pretende equiparar los defectos de publicidad de la junta general de accionistas con la falta de elaboración o de publicación del informe anual de gobierno corporativo «o la existencia de omisiones o datos falsos o engañosos en el mismo».

Europa Press

14jun.

EL EXCEDENTE DEL FOGASA PUEDE ACABARSE EN 4 O 5 AÑOS SI NO SE SUBEN LAS COTIZACIONES

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, prevé que el excedente del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que actualmente se sitúa entre los 2.200 y los 2.300 millones de euros, se acabe en los próximos 4 o 5 años si no se suben las actuales cuotas de cotización empresarial.

«La bolsa de despidos a la que tiene que hacer frente el Fogasa es cada vez mayor, lo que hará que en 4 o 5 años se acabe este excedente con la entrada de trabajadores nuevos», afirmó Valeriano Gómez, durante su intervención en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El ministro de Trabajo hizo referencia al informe de los expertos contratados para evaluar la constitución del fondo de capitalización del despido, y señaló que en el mismo se advierte del aumento del gasto al que se enfrenta el Fogasa sin alterar los 0,2 puntos de las cotizaciones que las empresas aportan.

En este sentido, Gómez recordó que antes de la crisis económica, el Fogasa tenía cerca de 4.000 millones de euros de excedente, que se han reducido a los entre 2.200 y 2.300 millones actuales. El ministro de Trabajo señaló que la reforma laboral, aprobada en junio de 2010, sumó el despido de los trabajadores con nuevos contratos indefinidos a los gastos propios de la indemnización por despido de los trabajadores afectados por la crisis.

A pesar de ello, consideró que ahora «no es el mejor momento» de aumentar las cotizaciones empresariales pero que, sin esta subida, «no hay un medio ni un esquema» para financiar el fondo de capitalización, haciendo referencia a las conclusiones del informe de los expertos. Gómez añadió que para financiar este fondo y aplicar el modelo austriaco en España sería necesario que las cotizaciones a cargo de los empresarios se situaran «entre los 1,2 y 2 puntos».

El ministro apuntó que se podría aplicar un aumento de las cotizaciones empresariales «cuando pase el tiempo y los nuevos contratos lleven un tiempo». «La única forma sería financiar el fondo con una parte del despido, el excedente no dura para siempre y habrá que seguir dotándolo con esos 0,2 puntos durante la prolongación del marco transitorio», concluyó.

Europa Press

13jun.

EL GASTO EN PRESTACIONES DEL FOGASA SUMA 620 MILLONES HASTA MAYO

El gasto en prestaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) alcanzó los 620,5 millones de euros en los cinco primeros meses del año, un 10,2% más que en el mismo periodo de 2010. De esta cuantía, casi 436 millones correspondieron a prestaciones por insolvencia y los 184,5 millones restantes, a prestaciones por regulación.

Un total de 104.233 trabajadores percibieron prestaciones hasta mayo, un 1% menos que hace un año, mientras que afectaron a 46.546 empresas, lo que supone un incremento del 9,4% sobre el mismo periodo de 2010.

Las comunidades autónomas que han concentrado el mayor pago efectuado por el Fogasa hasta mayo fueron Cataluña (168,8 millones), Andalucía (640,7 millones), Castilla La Mancha (27,8 millones), Castilla y León (24,8 millones) y Aragón (19,5 millones).

Por otro lado, el 85% de los trabajadores que han percibido prestaciones del Fogasa son de empresas con menos de 25 trabajadores. También ha sido en empresas de hasta 24 trabajadores donde mayor cuantía se ha abonado, un total de 495,7 millones de euros, que supone el 79,8% del total de las prestaciones pagadas.

Europa Press

10jun.

EL NUEVO REGLAMENTO DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO DA MÁS GARANTÍAS A TRABAJADORES Y EMPRESARIOS

Su contenido conjuga de manera equilibrada la flexibilidad y adaptabilidad requeridas por las empresas y la seguridad demandada por los trabajadores al canalizar la extinción de contratos de trabajo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción hacia el procedimiento de regulación de empleo. También agiliza la tramitación administrativa para lograr una más rápida aplicación del mismo. El Reglamento precisa la documentación que debe aportar la empresa para acreditar las causas de los EREs, sin entrar a regular la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifican los despidos colectivos. Se detallan asimismo todas las cuentas de la empresa, auditadas cuando sea legalmente exigible, obligatorias de presentar cuando la causa alegada sea económica.

Además, como novedad, se señala que cuando la empresa que presente el ERE forme parte de un grupo de empresas, deberán aportarse las cuentas del mismo. Cuando la empresa alegue, conforme señala la reforma laboral, «las pérdidas previstas» para extinguir los contratos de trabajo, será exigible, además de la documentación general, un informe sobre los datos en que se basa la previsión de pérdidas y los criterios utilizados para su cuantificación. En línea con lo señalado por el Consejo de Estado, el empresario deberá acreditar «el volumen y el carácter permanente o transitorio de las pérdidas a efectos de justificar la razonabilidad de la decisión extintiva».

Ministerio de Trabajo

9jun.

SE PUEDEN INCORPORAR CRÉDITOS DURANTE UN PROCESO CONCURSAL

El Tribunal Supremo ha resuelto que los magistrados podrán incorporar créditos de acreedores a las listas de las sociedades en concurso, aunque éstos no hayan sido comunicados con antelación ni aparezcan en los documentos del deudor, según una sentencia dictada por el Alto Tribunal.

Con esta modificación, el Supremo cree que consigue una interpretación «más acertada» ante la voluntad del legislador de distinguir entre el concepto de «créditos comunicados tardíamente a la administración concursal» que aparece en el artículo 92 de la Ley Concursal, y el de «no comunicados», al considerar que ambas instancias no aparecían «claramente» establecidas.

La Ley Concursal señala plazos para que los acreedores comuniquen sus créditos a la administración concursal, a fin de que sean incluidos en la lista que ésta tiene el deber de formar. En concreto, contempla uno de un mes, para la comunicación del crédito, y otro de dos meses, para la presentación del informe con la lista por parte de la administración concursal. Precisamente, la existencia de ambos plazos daba lugar a una interpretación por la que las consecuencias jurídicas de la comunicación tardía iban ligadas al incumplimiento del primero de los plazos, cuya consecuencia era considerar que en la impugnación de la lista de acreedores no se podían comunicar créditos ni admitir inclusiones, si éstos no habían sido comunicados antes, constaban en los libros y documentos del deudor o estaban presentes en el concurso por cualquier otra razón.

Europa Press

8jun.

LOS AUTÓNOMOS HAN ADELANTADO MÁS DE 1.600 MILLONES DE UN IVA QUE AÚN NO HAN COBRADO

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha alertado de que los trabajadores autónomos han adelantado al Estado un total de 1.638,8 millones de euros del IVA de unas facturas que han emitido pero que aún no han cobrado. En un comunicado, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, asegura que el Estado está actuando «como una sanguijuela» con los autónomos porque les obliga a pagar el IVA de las facturas no cobradas, a pesar de que las Administraciones Públicas adeudan 13.300 millones a los autónomos, un 10% más que a principios de año.

Por este motivo, ha pedido un cambio en el sistema de tributación del IVA «de forma inmediata», dado que existe una directiva comunitaria que permite a los países el cambio del abono de las facturas al criterio de caja.

El informe de ATA desglosa el dinero de IVA adelantado por comunidades autónomas y demuestra que Cataluña (392,6 millones), Comunidad de Madrid (322,8 millones), Andalucía (200,7 millones) y Comunidad Valenciana (180,5 millones) concentran el 66,9% del total del IVA adelantado por los autónomos y no cobrado.

Europa Press

2jun.

LOS SINDICATOS SE OPONEN A QUE EL FOGASA FINANCIE PARTE DEL COSTE DEL DESPIDO

CC.OO. y UGT han mostrado su rechazo a que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), nutrido con las cotizaciones que abonan los empresarios, se emplee para financiar parte de la indemnización del despido, tal y como manda la reforma laboral, al considerar que ésta no distingue entre despido procedente o improcedente.

«El dinero público se utilizará para pagar los despidos sin causa», sentenciaron los sindicatos en un comunicado, que advirtieron de que con la financiación de los despidos sin causa se está «apoyando y fomentando» una conducta «antijurídica».

Además, las centrales vislumbraron que el pago por el Fogasa de una parte de la indemnización por despido va a suponer en el «transcurso de pocos años» una situación «insostenible», pues, sin incrementar las aportaciones empresariales, la disponibilidad presupuestaria del fondo no podrá afrontar a las distintas prestaciones previstas. Anunciaron al respecto que interpondrán un recurso contencioso-administrativo contra las instrucciones legales que van en esta línea.

Europa Press

24may.

EL 84% DE LAS EMPRESAS INCUMPLE CON LA LEY DE INTEGRACIÓN LABORAL DE DISCAPACITADOS, SEGÚN UN EXPERTO

El subinspector de Empleo y Seguridad Social en Barcelona, Jorge Pérez Pérez, ha afirmado que el 84% de las empresas con más de 50 empleados, incumple con la Ley de Integración social de Personas con Discapacidad (LISMI), durante el debate-coloquio ’El sistema de integración laboral de personas con discapacidad’ organizado por Integra Centro Especial de Empleo, en el marco de la feria profesional de recursos humanos, ’Personal España’.

Por ello, Pérez ha destacado la importancia de que las administraciones públicas definan «coherentemente» las consecuencias de no cumplir con la ley para conseguir una integración total. «No se trata de buscar la igualdad, sino la igualdad de oportunidades» ha añadido.

Asimismo, ha indicado que, la actual legislación es «un mecanismo incentivador de la integración laboral de las personas con discapacidad». En este sentido, ha señalado que la LISMI es una «norma muy especial, con una gran vocación social y muy ambiciosa para el año 82 (año en que entró en vigor)». No obstante, ha concluido que «existen ciertos parámetros y aspectos de la legislación que imposibilitan una definitiva y eficaz integración».

Europa Press

15 feb.

UPTA PIDE QUE LOS JÓVENES QUE SE HAGAN AUTÓNOMOS PUEDAN BONIFICARSE EL 100% DE LAS CUOTAS

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha pedido que los jóvenes que decidan ejercer una actividad por cuenta propia puedan bonificarse el 100% de sus cotizaciones a la Seguridad Social en lugar del 30%, como sucede actualmente.

La organización de autónomos ha recordado que el nuevo plan de choque contra el paro bonifica el 100% de las cuotas a aquellos empresarios con menos de 250 trabajadores que contraten a tiempo parcial a jóvenes o parados de larga duración.

Para UPTA, “no parece muy razonable que se bonifique más a los empresarios que contratan jóvenes que a los propios jóvenes cuando se autoemplean”. Según la organización, la falta de incentivos suficientes para comenzar una actividad económica es la causa de que desde junio de 2010 haya 14.563 jóvenes autónomos menos afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA).

UPTA ha explicado que una de las medidas que ha tenido un mayor estímulo en los últimos años entre los jóvenes fue la de poder acceder a bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social en un 30%, medida aprobada en 2007.

“Sin embargo, ahora, con las nuevas medidas que apruebe el Gobierno, esta bonificación queda muy lejos de la prevista de bonificar el 100% a los empresarios que contraten a tiempo parcial a trabajadores jóvenes”, ha lamentado.

UPTA teme que la reacción de los jóvenes sea la de esperar el acceso a estos contratos bonificados y desestimar la posibilidad de ejercer una actividad por cuenta propia.

Europa Press

11 feb.

SALGADO CALCULA QUE LA REFORMA DE LAS PENSIONES SUPONDRÁ UN AHORRO DE 3,5 PUNTOS DEL PIB EN 2050

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha asegurado que el esquema de reforma de pensiones que plantea el Gobierno permitirá un “ahorro” de 3,5 puntos del PIB, que permitirá reducir a la mitad el incremento previsto del gasto en pensiones hasta 2050 y situará a España en la media de los grandes países europeos, al tiempo que reducirá la percepción de riesgo de la economía española.

Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha defendido que se trata de la “mejor de las posibles” porque cuenta con el aval de los agentes sociales y el Pacto de Toledo, y garantizará “más y mejores pensiones” para el futuro.

Durante la comparecencia de ambos ante la Comisión del Pacto de Toledo para defender la reforma de las pensiones, Salgado ha asegurado que la reforma permitirá pasar de un “riesgo alto” a un “riesgo medio” en el análisis de la sostenibilidad de las finanzas públicas, que llegará a “bajo” gracias al proceso de consolidación fiscal.

Y es que Salgado ha justificado la necesidad de aprobar esta reforma “ahora que hay tiempo” porque la evolución demográfica de España a futuro repercute en la valoración hoy mismo de la economía española y de la prima de riesgo, lo que ocasionaría más subidas de los tipos, con el consiguiente encarecimiento de la deuda pública y la financiación de los hogares, ha asegurado.

Europa Press

10 feb.

OCAÑA ASEGURA QUE HACIENDA NO IRÁ «EN CONTRA DE LOS PARADOS» AL INVESTIGAR RENTAS SIN DECLARAR EN 2011

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha asegurado que la intención de Hacienda de estrechar el cerco sobre las personas que perciben rentas sin declarar y al mismo tiempo cobran el paro u otras prestaciones de la Seguridad Social responde a la necesidad de reducir la economía sumergida y “no va en contra de los parados”.

Ocaña hizo estas aclaraciones en rueda de prensa conjunta con el director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Juan Manuel López-Carbajo, en la que avanzaron las directrices del plan de prevención y lucha contra el fraude para 2011.

Así, la persecución de las rentas no declaradas será uno de los puntales de las actuaciones de inspección este año, para lo que la AEAT prevé realizar actuaciones conjuntas con la Seguridad Social “en poco tiempo”, según López-Carbajo.

Por otro lado, Ocaña explicó que el plan de lucha contra el fraude de 2011 dará “continuidad” a las actuaciones de la agencia y potenciará actuaciones de investigación enfocadas en los procesos de ingeniería fiscal a gran escala y de planificación fiscal dirigida al fraude, es decir, aquellos fraudes con mayor grado de “sofisticación”.

Asimismo, Hacienda tratará de reforzar las actuaciones sobre las operaciones de cobro en efectivo y ampliar la colaboración con las comunidades autónomas para un mejor control de los tributos cedidos.

Europa Press

10 feb.

ATA PIDE AL PARLAMENTO QUE LOS AUTÓNOMOS EN PARO PUEDAN JUBILARSE ANTICIPADAMENTE A LOS 61 AÑOS

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) ha enviado a los grupos parlamentarios una serie de propuestas para enmendar la reforma de las pensiones, entre las que plantean que los autónomos que hayan cesado involuntariamente en su actividad puedan jubilarse anticipadamente a los 61 años con los mismos requisitos y los mismos coeficientes reductores que se les aplican a los asalariados.

En total, ATA ha remitido a los partidos políticos cuatro enmiendas. En otra, la organización de autónomos plantea la implantación de exenciones, devoluciones o bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para determinados colectivos de autónomos que hayan experimentado caídas en su actividad, todo con el objetivo de que no opten por la economía sumergida.

Asimismo, la organización que preside Lorenzo Amor pide que las subidas anuales de las bases de cotización sean consensuadas con los representantes de los autónomos y discutidas en el marco del Consejo Estatal del Trabajo Autónomo.

Por último, ATA propone incluir una representación de las organizaciones de trabajadores por cuenta propia en los órganos directivos de las mutuas de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Europa Press

8 feb.

PYMES Y AUTÓNOMOS PAGAN CADA AÑO 800 MILLONES POR IVA DE FACTURAS SIN COBRAR, SEGÚN GESTHA

Los técnicos de Hacienda proponen cambios para un mejor reparto de las cargas fiscales y mejorar el control del gasto público.

La legislación vigente sobre IVA establece que el impuesto es exigible en el momento en que se efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios, y no cuando se emite la factura o se realiza su cobro.

Actualmente, las dos únicas alternativas en caso de morosidad son solicitar un aplazamiento del pago para no anticipar el impuesto no cobrado, lo que conlleva un interés de demora del 5% anual que aplica la Agencia Tributaria, o bien, transcurrido un año desde el impago, la rectificación con unos requisitos muy exigentes de la factura no cobrada.

El Consejo Europeo ya se pronunció sobre esta realidad el pasado mes de julio mediante la aprobación de una directiva que permite a los Estados autorizar que el IVA se declare con arreglo a un régimen de contabilidad de caja que permita al proveedor abonar el impuesto una vez se reciba el pago.

A juicio de Gestha, la aplicación de esta medida debe ser inmediata, por lo que pide su trasposición sin agotar el límite del plazo establecido hasta finales del año 2012.

Europa Press

8 feb.

MÁS DEL 57% DE LAS EMPRESAS NO RESPETA LOS PLAZOS PACTADOS CON PROVEEDORES

El 57,13% de las compañías no respetan las condiciones de pago pactadas con sus proveedores, según un estudio realizado por Informa D&B con datos a 31 de diciembre de 2010. Así pues, las empresas que cumplen con los pagos a tiempo retroceden al 42,87%, frente al 44,94% que lo hacía a 30 de junio. Los importes de las facturas analizadas suman 8.130.582.697 euros, de los que se pagó puntualmente el 26,99%. El plazo medio de retraso de pago sobre las condiciones pactadas fue de 20,87 días, una ligera mejora de 0,05 días respecto al mismo dato a 30 de junio de 2010.

Del estudio se desprende también que España y Portugal se erigen como los dos países europeos que pagan con mayor retraso, con una demora superior en 20 días a la media europea, que se sitúa en los 13,86 días. Además, los periodos establecidos para los pagos en España oscilan entre 90 y 120 días.

En concreto, la administración pública retrasa sus pagos una media de 39,73 días, en tanto que la construcción lo hace 34,74 días. La hostelería también se acerca a esta cifra con una media de 28,44 días.

Por tipo de empresas, el 50,03% de las microempresas y el 41,42% de las pequeñas cumplen con los plazos de pago pactados frente al 7,95% de las medianas y el 8,21% de las grandes empresas. Sin embargo, una vez superados los 120 días de retraso, las empresas pequeñas tienen más dificultades, pues un 7,22% de micros y un 5,03% de pequeñas empresas se encuentran en esta situación, frente al 1,39% y el 2,37% de medianas y grandes empresas, respectivamente.

Europa Press

3 feb.

LOS 426 EUROS HAN BENEFICIADO A 824.270 PERSONAS, DE LOS QUE EL 34% HA ENCONTRADO EMPLEO

La secretaria del Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha asegurado que el programa temporal por desempleo e inversión (PRODI), que contempla ayudas de 426 euros mensuales a parados sin prestación ni subsidio y estará en vigor hasta el 15 de febrero, ha beneficiado ya a un total de 824.270 personas, de las que un 34% lo han abandonado al encontrar empleo.

Rodríguez ha admitido que el “grado de eficacia” de cada uno de los programas “difiere mucho”, si bien ha destacado que la principal política activa de empleo, la destinada a la recualificación profesional, ha permitido que 6 de cada 10 de sus beneficiarios sean contratados en los tres meses siguientes al recibir los cursos, un dato que resalta aún más en el mercado laboral actual, que mantiene un “bajo dinamismo”.

Respecto al programa que sustituirá al PRODI, Rodríguez ha explicado que se basa en el “derecho” de los beneficiarios a entrar en los itinerarios, a participar en acciones de formación y “en algunos casos, según sus rentas” a percibir una ayuda económica de acompañamiento. No obstante, para llegar a esta última fase hay que pasar antes por los dos requisitos anteriores, de forma que esté vinculada con el carácter de política activa del programa. “Eso es lo que quiere la persona en situación de desempleo”, ha remarcado Rodríguez.

Europa Press

3 feb.

EL GOBIERNO PONE 600 MILLONES EN AVALES A DISPOSICIÓN DE EMPRENDEDORES Y PYMES

El Gobierno ha puesto 600 millones de euros en avales a disposición de emprendedores y PYMES a través de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), organismo adscrito al Ministerio de Industria Turismo y Comercio, según ha anunciado la secretaria general del Departamento, Teresa Santero.

Concretamente, el Ejecutivo asegura una cobertura de la mitad de los 1.200 millones de euros de garantías financieras que las sociedades de garantía recíproca (SGR) esperan otorgar a más de 8.000 emprendedores y pymes, la mayoría para proyectos innovadores, lo que podría movilizar hasta 2.500 millones de inversión.

El objeto de los contratos firmados es la cobertura parcial de las provisiones y los fallidos que se deriven del riesgo asumido en 2011 por estas sociedades de garantía recíproca con emprendedores y pymes. Las SGR ofrecen garantías financieras a proyectos viables, mejoran las condiciones de financiación ofrecidas por entidades financieras y desarrollan labores de asesoramiento financiero.

Para asumir la mitad del riesgo, Cersa ha incrementado sus recursos propios un 38% a través de una ampliación de capital, incremento que se suma al crecimiento de más del 60% acometido a lo largo del pasado ejercicio, agregó la secretaria general de Industria.

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y el director adjunto de esta patronal, José María Méndez, asistieron a la firma de contratos de reafianzamientos entre Cersa y las 23 sociedades de garantía recíproca.

Europa Press

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